Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

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Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras movilizadas/os contra nuevas normas académicas son objeto de represión y criminalización

Las/os estudiantes denuncian que las nuevas reglas condicionan el acceso y la permanencia de estudiantes en la universidad, generando exclusión y competencia, mientras que dificultan la realización del derecho humano a la educación de todas las personas, con gratuidad e igualdad

8 de junio de 2016

marcha universitaria por la educacion publica apoyada por la comunidad LGTBIDesde la aprobación de las nuevas normas académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el 2014, un fuerte movimiento estudiantil se ha levantado en el país contra estas reglas, las cuales, según las y los estudiantes organizadas/os y movilizadas/os, fueron creadas sin diálogo con la comunidad educativa y con miras a la privatización de la educación universitaria.

De este conflicto se derivaron dos largas huelgas universitarias en el 2014 y 2015, que por un lado, resultaron en acciones de represión y criminalización de la protesta social, y por otro, lograron suspender, por determinado período de tiempo, dicha reforma académica. Sin embargo, en fines de mayo de 2016, las nuevas reglas entraron en vigencia, determinando el 70% como nota mínima para que las/os estudiantes universitarias/os aprueben las clases y permanezcan en el centro educativo, y la creación de la polémica tabla de Unidades Valorativas (UVs), que tiene el objetivo de regular el acceso a la universidad, imponiéndoles a las/os estudiantes la matrícula condicionada al atendimiento de ciertos requisitos y niveles de “excelencia”.

Esta reforma además establece exámenes de ambición y vocacionales para ingresar a determinadas carreras, y la expulsión de estudiantes con bajo nivel académico, sin estudios previos de los factores que hayan generado estos malos resultados. “Las normas académicas responden a la llamada IV Reforma Universitaria, la cual está llena de contradicciones y responde a intereses de las empresas privadas, para favorecer a las universidades privadas del país”, afirma el estudiante de Sociología de la UNAH, Merlin Aguirre.

Aguirre añade que estas prácticas de excelencia y de rendimiento académico que el Consejo Universitario quiere imponerles a las y los estudiantes son dictadas por los organismos financieros de cooperación internacional, y han generado la exclusión de las/os estudiantes con menores ingresos, especialmente las/os que viven en la zona rural del país, además de favorecer a la mercantilización de la educación en detrimento de su garantía como un derecho humano y una responsabilidad del Estado. “Con esas medidas se determina, entre otras cosas, que la matrícula de las y los estudiantes esté condicionada al cumplimiento de un índice académico. Tanto para acceder a ciertas disciplinas como a ciertas carreras, las/os estudiantes deben alcanzar determinados puntajes”, afirma. 11760221_875368909165143_4199912185049720622_n

De acuerdo a un artículo de opinión de autoría de Engels López, estudiante de Sociología y Trabajo Social de la UNAH-CU, publicado en el diario Nodal Universidad AM, la tabla de UVs y el 70% como nota mínima para permanecer en la universidad responden a una mirada neoliberal de la educación, y constituyen un mecanismo de racionalización académica, que se manifiesta con la selección de estudiantes que cumplan con habilidades y actitudes que el sistema universitario requiere, así como con una serie de condiciones: en primer lugar, que no le genere gastos a la universidad (que no se retire de clases), en segundo lugar, que curse clases acorde a sus capacidades intelectuales (determinadas por un índice) y, en tercer lugar, que sea parte de la visión social de que todo está determinado por la excelencia, la competencia y la eficiencia en detrimento de los valores humanos de igualdad, solidaridad y equidad.

“Las UV y el 70% responden a una necesidad de determinar que solamente los estudiantes más aptos pueden aspirar a matricular un número significativo de clases, y lo menos aptos tienen que competir, como en el mercado, para poder tener acceso a un determinado número de clases. El problema es que la competencia es desleal, ya que la universidad no brinda los medios para alcanzar el fin, sino que lanza al estudiante al precipicio y que este vea como hace para solucionar sus problemas”, escribe el estudiante.

Según el mismo texto, estos parámetros de excelencia, que se implementan en la universidad pública como forma de competir con las universidades privadas, son priorizados por las autoridades universitarias, mientras que los temas que realmente afectan la calidad educativa no son tomados en cuenta, entre ellos: la oferta de laboratorios, espacios de recreación y aulas en condiciones suficientes y adecuadas; la generación de conocimiento científico para responder a los problemas sociales; acreditación de las carreras y métodos académicos de contratación docente; evaluación, formación y profesionalización de las y los maestras/os, entre otros.

“Enfrentando esas limitantes es imposible que la implementación de las normas académicas, la puesta en marcha de la UV y el 70% conlleven a un mejor desempeño y rendimiento académico del estudiante”, dice Engels López en su artículo.

A su vez, el estudiante Merlin Aguirre dice que la actual lucha estudiantil no se reduce a la oposición al 70% para la aprobación en las asignaturas, sino que también consiste en resistir a un modelo académico que prioriza la exclusión en nombre de la “internacionalización educativa y la globalización arrogante”. “La actual lucha es la manifestación histórica de la crisis universitaria que no encuentra consenso en la comunidad estudiantil, y que por ende obliga a las autoridades a utilizar la fuerza para imponer sus ideas”. 11753672_878115568890477_3314405270225529619_n

Represión y criminalización de la protesta social – Ante el anuncio de la vigencia de las nuevas normas académicas y el cierre de las autoridades universitarias para el diálogo, las y los estudiantes de la UNAH se movilizan contra esta reforma académica y también por más participación en la toma de decisiones en el ámbito de la universidad.

Desde el 2005, no hay paridad estudiantil en la composición del Consejo Universitario de este centro educativo, y las/os estudiantes que hoy integran ese espacio son indicadas/os por las autoridades universitarias de manera antidemocrática y violentando la Ley Orgánica de la Universidad, restándoles legitimidad para representar a las/os discentes. “Nuestra lucha también es por mayor participación y representación estudiantil ante el Consejo Universitario, así como el mejoramiento de los espacios físicos y pedagógicos de la UNAH” dice el estudiante de Sociología de la Universidad, Merlin Aguirre.

La respuesta del gobierno para estas demandas, infelizmente, ha sido la represión: el 1º de junio de 2016, estudiantes que ocupaban la sede de la UNAH en la capital Tegucigalpa en protesta fueron brutalmente heridas/os por agentes antimotines del Estado, con la connivencia de profesionales del servicio de seguridad privada de la universidad. Cinco víctimas fueron llevadas al hospital en estado grave [lea aquí el comunicado del Movimiento Estudiantil Universitario, denunciando la represión de la Policía Nacional y Militar bajo la complicidad de las universidades universitariaso]. El 7 de junio, la Fiscalía de Turno, adscrita a la Fiscalía  de Delitos Comunes, presentó un Requerimiento Fiscal contra seis estudiantes, así como órdenes de captura en su contra, por suponerla/os responsables del delito de Usurpación de Suelos de Dominio Público, en perjuicio del Estado de Honduras, con motivo de las averiguaciones posteriores a la denuncia interpuesta por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras relacionadas con la toma de instalaciones de este centro educativo en la capital del país [sepa más].

En la semana anterior, 11 estudiantes que participaban en las protestas fueron detenidas/os bajo la acusación de terrorismo, pero después fueron liberadas/os, en respuesta a la rápida actuación de organizaciones que defienden los derechos humanos en el país. El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), que ha impulsado las movilizaciones a nivel nacional, denuncia la violencia de la policía y la criminalización de la protesta estudiantil en Honduras.

Asimismo, recuerda que ha presentado dos solicitudes de diálogo y demandas a las autoridades de la UNAH, pero hasta este momento no ha tenido ninguna respuesta. En su pedido oficial más reciente a las autoridades universitarias, el MEU pide, entre otras demandas, “la presentación y socialización pública de los instrumentos utilizados en la investigación realizada que justifica la aplicación de las normas académicas que regulan el modelo educativo de la UNAH; la reforma total de las normas académicas mediante una construcción democrática, inclusiva y participativa, consensuando a nivel nacional las normas académicas por parte de los actores principales, estudiantes y docentes; y la creación de metodologías pedagógicas y didácticas que induzcan y refuercen al estudiantado en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje para impedir la reprobación de las asignaturas” [lea aquí el documento completo].

Actualmente, el movimiento estudiantil impulsa Asambleas Permanentes en distintas carreras de la Universidad, a partir de las cuales decide los próximos pasos de esta movilización y sus estrategias de lucha. 

10174977_750102455025123_5404794270314652373_nHistórico - Según el estudiante Merlin Aguirre, las normas académicas que se adoptan ahora son parte de un largo proceso de la llamada IV Reforma Universitaria, que las autoridades universitarias han impulsado desde el 2005, con miras a cambiar el modelo educativo en el sentido de la mercantilización de la educación y la privatización de la educación superior en el país.

En 2005, se estableció en la UNAH el Examen de Admisión, según el cual se evalúa si un/a estudiante está apta/o, o no, a ingresar en la universidad pública. Esta medida entró en vigor en 2007 y, desde entonces hasta ahora, ha resultado en 90 mil estudiantes excluidas/os del sistema universitario, las/os cuales, en general, vienen de la secundaria pública, pero se ven obligadas/os a buscar alguna universidad privada para seguir sus estudios. “La mayor parte de las/os estudiantes excluidas/os de las universidades es de la zona rural, de familias con bajo capital cultural y económico, y que ha estudiado la secundaria en colegios públicos”, explica Aguirre, quien lamenta que en el país no se tenga actualmente un paso integral de la educación secundaria a la universitaria.

Otra medida que igualmente favorecía la privatización de la educación universitaria en el país tuvo lugar en 2008, cuando el Consejo Universitario propuso el Plan de Arbitrarios, el cual establecía cobros excesivos de las y los estudiantes por servicios educativos de la UNAH, como matrícula, adiciones y cancelaciones de clases, el uso de laboratorios, etc. “Hoy en día ya pagamos por una cuota de matrícula por periodo, y este plan pretende aumentar los costos educativos que recaen sobre las/os estudiantes y el número de servicios pagados dentro de las universidades”, dice Aguirre.

Este plan no llegó a implantarse en el 2008 porque hubo en aquél año movilizaciones y actividades de protesta en los diferentes centros universitarios regionales que forman parte de la UNAH y en la ciudad universitaria en Tegucigalpa. Varios centros universitarios fueron tomados por las y los estudiantes movilizadas/os en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. “Fueron 32 días de lucha, con las que se logró que el Plan de Arbitrio no se implementara en ese año”, confirma el estudiante.

A su vez, en 2013, se presentó en el parlamento nacional el “Ante proyecto de Ley de Educación Superior” (LES), que busca profundizar la desregulación de la educación por el Estado, trasladando la gestión de las universidades públicas a la iniciativa privada. “Luego de la presentación de ese proyecto, dos meses de movilizaciones en las calles y en los diferentes centros regionales de la UNAH hicieron que esta propuesta se estancara en el congreso nacional. El fin de la LES era la desregulación de las universidades privadas, permitiendo que funcionaran bajo sus propias políticas, la permisión de que las universidades privadas accedan a fondos estatales de la UNAH, y la posibilidad de que la UNAH establezca alianzas público-privadas para convertir a la universidad en una empresa y desvincularla del Estado”, explica Aguirre.

En 2014, finalmente, el Consejo Universitario de la UNAH impulsa las normas académicas que entraron en vigor recientemente en el II periodo académico del 2016, en base a estándares internacionales de calidad. En 2015, se ponen en marcha grandes manifestaciones estudiantiles en contra de estas normas, las cuales fueron reprimidas con el mayor despliegue policial y militar ya visto en el país, desde el Golpe de Estado en 2009. En la ocasión, 26 estudiantes fueron enjuiciadas/os y tuvieron como condena la exclusión de su derecho a participar en movilizaciones y coordinarlas, así como de acercarse a las universidades. Pese a que después han recobrado en la justicia el derecho de acceder al centro universitario, todavía responden en juicio por acusaciones de usurpación de un bien público, en supuesto perjuicio del Estado y de la universidad.

En septiembre de 2015, la CLADE le ha dado visibilidad a una denuncia enviada por parte del Comité Nacional de Estudiantes en Huelga de la UNAH, en la que las/os integrantes del movimiento estudiantil universitario afirmaban que han sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos, así como acciones de persecución, intimidación y enjuiciamiento emprendidas desde las autoridades universitarias. En la ocasión, advirtieron además, sobre la postura incriminadora adoptada por los medios de comunicación del país frente a las manifestaciones estudiantiles. Desde el movimiento estudiantil universitario en Honduras se sostiene que el proceso de reforma que se encuentra en marcha en el país es un proceso centralista, autoritario, no democrático, en el que no han sido habilitado espacios para la participación estudiantil, que profundiza los procesos de mercantilización y privatización de la educación superior, en detrimento de una educación pública, gratuita, incluyente y democrática [sepa más]

Esta nota fue elaborada por Fabíola Munhoz, de CLADE