"Nuestra agenda será la lucha por la consagración del derecho humano a la educación pública, laica, gratuita y de calidad"
El gobierno brasileño inició una nueva administración bajo el lema 'Patria Educadora'. Al mismo tiempo, anunció recortes en la inversión pública en educación. En una entrevista, Daniel Cara, coordinador de la Campaña Nacional, de Brasil, comenta la compleja situación de la educación en el país. Entre los desafíos, indica que se debe enfrentar el discurso de la financiación por resultado, basado en indicadores y evaluaciones internacionales de aprendizaje
4 de julio de 2015
Foto: Juliane Cintra/Ação Educativa
A pesar de comenzar el segundo mandato bajo el lema "Patria Educadora" en enero de 2015, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha autorizado los recortes en la inversión pública en educación de 9,4 mil millones de reales solo en este año, debido al ajuste fiscal anunciado el mes pasado en respuesta a la citada crisis económica que atraviesa el país. Poco después de este corte, el gobierno federal puso en marcha la propuesta "Patria Educadora", un documento elaborado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, en desacuerdo con muchos de los principales logros de la sociedad civil que se reflejan en el Plan Nacional de Educación (PNE), que cumple un año de haber sido aprobado y se basa en las banderas universalistas y de democratización de derechos. Para muchas educadoras/es y activistas, este nuevo programa expresa un enfoque meritocrático de la educación, que defiende, entre otras cosas, procedimientos de evaluación de aprendizaje estandarizados y la intervención en las escuelas que no mostraron buenos resultados.
Así como en la escena internacional, se observa como un elemento especialmente difícil para los que luchan por la realización de este derecho en el país, la feroz lucha entre los sectores público y privado por la definición de los conceptos de calidad y financiamiento de la educación que se expresarán y garantizarán en la agenda de la educación post-2015. Para discutir este complejo escenario, invitamos a Daniel Cara, coordinador general de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, en Brasil. En la entrevista, él dice cuáles son los principales objetivos de la lucha de la sociedad civil brasileña en este y en los años venideros, identificando desafíos comunes para la incidencia por el derecho humano a la educación en los planos regional e internacional. "La disputa entre lo público y lo privado a nivel internacional ya tiene características nativas que tenemos que enfrentar. Vamos a utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos para decir que este es un camino equivocado, sin renunciar a la lucha nacional, que es la más inmediata y decisiva", dice.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que el lema "Brasil, Patria Educadora" sería el buque insignia de su gestión. Sin embargo, el mes pasado, el gobierno federal redujo las inversiones públicas en esta área. ¿Cuáles son los principales impactos de esta decisión?
Es una gran contradicción. El ajuste fiscal en boga, sobre la base del argumento de aumentar la capacidad del país para pagar su deuda pública, se debe a un error de interpretación, porque debe ahorrar entre 16 y 18 mil millones de dólares por año, afectando gravemente a la población, empeorando las condiciones de vida, especialmente de las personas más pobres. Además, impide la realización del Plan Nacional de Educación (PNE) y de otras políticas públicas estructurales. Mientras tanto, la tasa de interés de Brasil sigue alta y el Banco Central la viene elevando. Ella es lo que realmente afecta a la deuda pública brasileña, además de paralisar la economía. A cada aumento de un punto porcentual en las tasas de interés de Brasil, se añaden 8 mil millones de reales más en la deuda pública. Los intereses se elevaron más de dos puntos porcentuales en 2015. En otras palabras, los 16 o 18 mil millones de reales que se pretenden guardar con el ajuste se gastaron en los 18 mil millones de deuda pública agregada por los recientes aumentos en las tasas de interés.
Nosotros, de la Campaña Nacional, sostenemos que las personas perjudicadas por estos ajustes son la mayoría de las que demandan políticas públicas y, por tanto, deberían tener prioridad en la realización de sus derechos para cualquier gobierno que cumpla con la Constitución Federal. Por estas razones, estamos en contra de los ajustes fiscales de Dilma. Inclusive, creemos que un gobierno con el liderazgo del Partido de los Trabajadores (PT) debe reflexionar sobre su papel en la sociedad brasileña y debe ser coherente. De hecho, si dependiera de algunos líderes del PT y en especial de la base del partido, sin duda, la opción no sería el ajuste fiscal. El gobierno de Dilma está caminando en la dirección equivocada.
¿Cuál es el posicionamiento de la Campaña Nacional por el contenido del documento "Patria Educara", propuesto por la Secretaría Nacional de Asuntos Estratégicos?
El compromiso del gobierno federal con el PNE es erróneo. Antes de su adopción, la presidenta Dilma trató de vetar como pudo temas preferidos por la sociedad civil brasileña, en particular el CAQ (Costo Alumno Calidad) y el CAQI (Costo Alumno Calidad-Inicial), que han sido propuestos por la Campaña Nacional para la financiación pública del derecho a la educación de calidad. Negociamos mucho con la Presidencia para que estas propuestas no fueron vetadas. A lo largo de su campaña electoral, Dilma destacó el PNE, aunque sin ningún compromiso efectivo, y el 1º de enero, lanzó la consigna "Patria Educadora". Para la Campaña Nacional, este slogan debería significar el cumplimiento de los primeros cuatro años del Plan Nacional de Educación. Sin embargo, el plazo para el cumplimiento de la primera meta del PNE, que es la formación de las y los profesionales de educación, termina el 24 de junio de 2015, y eso prácticamente no avanzó, aunque demande mayor coordinación entre las entidades federales, investigadoras/es, facultades de educación y licenciaturas, que propriamente recursos financieros.
Por otro lado, el concepto de "Patria Educadora" fue ocupado por Mangabeira Unger [Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia], que es profesor en la Universidad de Harvard con un pensamiento estructuralista refinado, pero que se fundamenta en una visión elitista de la sociedad, según la cual debemos movilizar a las élites para que den respuestas a las necesidades y desafíos de los países. Somos más pluralista y plebeístas. Queremos la plena inclusión de todas y todos en un programa construido de manera democrática. Así es el Plan Nacional de Educación.
¿El documento Patria Educadora establece un diálogo con el Plan Nacional de Educación?
El documento establece un diálogo con el PNE, pero subordina agendas universalistas a agendas meritocráticas, orientadas hacia una reforma de base empresarial de la educación. Es decir, se quiere someter la razón pedagógica a la razón mercantil. Sin embargo, los beneficios obtenidos hasta la fecha en pro de la educación nacional se basan en la agenda de democratización y universalización de derechos, en gran parte gracias a la labor de la sociedad civil. El Brasil ha avanzado mucho en términos de expansión de las oportunidades educativas, pero todavía tiene el reto de mejorar la calidad de la educación, lo que requiere financiación. Este punto no se aborda en el documento "Patria Educadora", porque es punzante para el gobierno federal. Siempre es bueno recordar que el gobierno estaba en contra de la lucha por el 10% del PIB para la educación pública, pero fue derrotado por la fuerza social que se estableció alrededor de esta bandera de lucha, que está fuertemente basada en argumentos técnicos y más refinados que los del gobierno federal.
¿Cuáles son los principales desafíos de incidencia por el derecho humano en Brasil en este y en los años venideros?
El escenario en el país será de lucha social, y no de alianza estratégica con el gobierno, incluso alianza ocasional, a menos que haya un acuerdo programático poco probable y un compromiso político y presupuestario efectivo a los derechos sociales. A pesar de ser compuesto por una coalición formal de centro izquierda, el gobierno Dilma está lejos de responder a las necesidades actuales de la población brasileña, y no podemos dejar de criticar la forma en que ha administrado el país. La forma en que el ajuste fiscal se ha preparado muestra que fue diseñado como una demanda del mercado financiero. Ni siquiera favorece la economía brasileña, ya que la industria está sumamente deteriorada. Creemos que los gobiernos solamente se movilizan por presión social. Por lo tanto, en nuestra agenda reafirmaremos el PNE y lucharemos por la consagración del derecho humano a la educación pública, laica, gratuita y de calidad. No vemos la buena voluntad del gobierno brasileño en cumplir plenamente esta agenda, pero creemos que es fundamental y es lo que justifica nuestra existencia como Campaña.
¿Podemos decir que en Brasil, así como en nuestra región y en el mundo, dos temas provocadores en la incidencia por el derecho a la educación en el post-2015 serán la calidad y la financiación de la educación, como conceptos en disputa entre los poderes público y privado?
Brasil tiene procesos autóctonos que determinan una agenda privatizadora independiente del plano internacional. Sin embargo, como parte de la CLADE y de la Campaña Mundial por la Educación, tuvimos una gran capacidad de resistencia y proposición en el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, Corea, lo que nos permitirá presionar el gobierno brasileño. Esto es importante porque, aunque más avanzadas que la Declaración de Incheon, las leyes brasileñas todavía están lejos de su cumplimiento. En relación con lo público y lo privado, la disputa en el plano internacional ya tiene características nativas que tenemos que enfrentar. Vamos a utilizar los instrumentos internacionales de derechos humanos para decir que este es un camino equivocado. A nivel regional, necesitamos más solidaridad y unidad entre nuestras luchas. Por ejemplo, Brasil debería, junto con Chile, crear alternativas de resistencia a la privatización de la educación. Creemos que la financiación debe ser un valor en sí mismo para garantizar una educación pública y de calidad.
Además, tenemos que enfrentar el discurso de la financiación, basada en indicadores y evaluaciones internacionales, ya que esto no garantiza la solución de los problemas educativos. En este sentido, tenemos que afrontar el debate de temas como el plan de estudios y retomar el aprendizaje como una agenda nuestra, del campo educativo. La sociedad civil debe decir qué modelo de aprendizaje debe ser garantizado a nuestras/os estudiantes, ya que es objetivo fundamental del derecho humano a la educación, y no se realiza sin la enseñanza. De lo contrario, vamos a dar a los oponentes condiciones para hacer el programa que quieran y orientar la calidad de la educación, pues se tiene la impresión de que solamente ellos hablan sobre el aprendizaje. El PNE tiene lugar en su agenda para todo ello, articulando enseñanza y aprendizaje, pero no siempre expresando nuestra mirada política y pedagógica. Ello es parte del proceso, pero el partido todavía no terminó. Vamos a tener la oportunidad de luchar por estos temas, defendiendo y construyendo nuestra perspectiva.
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