¿Cómo la violencia por orientación sexual e identidad de género afecta las y los estudiantes en América Latina y el Caribe?
María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, expone la realidad regional de violencia contra niñas y mujeres, así como por identidad de género y orientación sexual en la educación
30 de mayo de 2018
En el contexto del “Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación”, que se realiza del 28 al 30 de mayo en El Salvador, María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco, México, participó ayer en el panel “Estrategias de transformación hacia una educación promotora de igualdad de género y no violencia”.
En su ponencia, destacó que “los conceptos de violencia, derechos humanos y derechos de las mujeres se encuentran estrechamente vinculados; no obstante la universalidad de los derechos humanos en general, las mujeres en lo particular no han gozado esta misma protección”.
Según Ponce, en los primeros intentos de visibilizar la violencia de género, se consideró a las mujeres como víctimas en su papel de esposas y madres de familia maltratadas. Se dejaba fuera las múltiples violencias que viven las niñas y mujeres no solo a lo largo de su vida, sino en los diversos entornos en los que se desarrollan, incluyendo la escuela.
Sin embargo, en los años 1990, se impulsaron reformas legales en la región y la aprobación de leyes que hoy se conocen como “de primera generación”. En este proceso, de acuerdo con la representante de CLADEM, quedó clara la evolución de los conceptos acerca de la violencia contra las mujeres: de un tema restricto al ámbito doméstico se pasó al reconocimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres a nivel internacional. “Desde entonces se considera la violencia contra las niñas y mujeres como un asunto de derechos humanos, siendo una obligación de los Estados prevenirla, sancionarla y erradicarla”, añadió.
Ponce también abordó la cuestión de la violencia contra niñas y mujeres en las escuelas en su intersección con otras formas de discriminación, como por pobreza, orientación sexual, etnia e identidad de género, entre otras. Expuso, asimismo, algunos resultados de la Segunda Encuesta Nacional sobre Violencia basada en Orientación Sexual e Identidad de Género en México, un estudio para el que fueron consultadas/os 1.770 estudiantes de secundaria y preparatoria que se reconocieron como LGBTI en todo el país. En la encuesta, el 49.75% de las y los entrevistadas/os afirmó ser víctima de acoso o bullying de manera regular.
Según el estudio, la violencia es más común para la comunidad trans que estudia secundaria y preparatoria, ya que el 61% y el 55%, respectivamente, han sido objeto de burlas transfóbicas y agresiones físicas; la cifra para lesbianas es de 43%, y de 40% para homosexuales.
Ponce citó también un estudio de UNESCO, en el cual se señala que la violencia LGBTfóbica en la escuela afecta la educación, las perspectivas de empleo y el bienestar de las y los estudiantes. Esta investigación revela que en México el 59% de las y los estudiantes utilizó expresiones homofóbicas en la escuela, cifra mayor que la registrada en otros países de la región, como Guatemala (57%), Perú (56%) y Chile (50%).
Por otro lado, el 60% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo que no ha reportado estos incidentes al personal escolar por miedo a sufrir discriminación o verse obligadas/os a “sacarse del clóset” ante sus madres y padres. De las personas que sí reportaron estos incidentes al personal escolar, sólo la mitad tuvo una respuesta positiva de sus maestras/os, lo que muestra que la homofobia también existe entre las y los profesionales de educación.
La integrante de CLADEM mencionó igualmente los datos de un estudio del Ministerio de Educación salvadoreño sobre la violencia de género en los espacios educativos del país. Un total de 24 casos de violencia sexual identificados en las 12 escuelas consultadas fue capturado a través de teléfonos celulares. Asimismo, el 10,3% de las y los estudiantes entrevistadas/os dijo conocer la existencia de un caso de abuso sexual o violencia en su escuela. Más de la mitad de los/as estudiantes que afirmaron haber sufrido violencia no continuaron sus estudios.
Para concluir su ponencia, Ponce listó algunas propuestas y recomendaciones hacia cambios importantes, considerando que todas estas violencias constituyen un obstáculo para la realización del derecho humano fundamental a la educación de calidad de todas las niñas, niños y jóvenes.
Entre sus planteamientos, subrayó la importancia de: hacer el monitoreo permanente de la violencia en establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género; asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos; promover la presentación de quejas de casos de violencia sexual; y capacitar y apoyar a docentes y al personal que trabaje en la escuela para que combatan las discriminaciones.
“Promovamos pues una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos. Una educación así fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la construcción de Estados democráticos y respetuosos de los derechos humanos”, concluyó.