¿Cuánto cuesta la educación pública de calidad en Brasil?
Evento organizado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación presenta indicadores, análisis y reflexiones hacia un financiamiento público adecuado para garantizar que todas y todos tengan una educación de calidad en el país
14 de junio de 2018
Se realizó el 5 de junio en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación y en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2018, el Seminario "¿Cuánto cuesta la educación pública de calidad en Brasil?". En esta ocasión, se lanzó una publicación con la actualización y el registro de la memoria del cálculo del mecanismo de financiamiento educativo Costo Alumno Calidad Inicial (Custo Aluno-Qualidade Inicial - CAQi), así como una propuesta para el Costo Alumno Calidad (Custo Aluno-Qualidade - CAQ).
El CAQi es un mecanismo de financiamiento educativo que fue creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil que empezó a desarrollarse en el 2002, en alianza y diálogo con investigadoras/es, economistas, parlamentarias/os, estudiantes y docentes, entre otros actores. Este mecanismo traduce en valores el monto que el país debe invertir por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación pública, para garantizar un parámetro mínimo de calidad de enseñanza. El CAQ, a su vez, venía siendo discutido y calculado más recientemente por la coalición, y representa el esfuerzo que Brasil debería hacer para aproximarse a los países desarrollados en materia educativa [sepa más].
El encuentro se inició con una ponencia de Andressa Pellanda, coordinadora de Políticas Educativas de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, quien presentó los objetivos y los antecedentes de la elaboración del CAQi y del CAQ. En el año 2014, la Campaña Nacional logró que se incluyeran los conceptos del CAQi y del CAQ en el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024. Según el Plan, el CAQi debería implementarse hasta julio de 2016, plazo en el cual, además, debería haberse definido el contenido del CAQ, pero estas metas no se cumplieron.
Pellanda informó, asimismo, que únicamente uno de los dispositivos del PNE se cumplió integralmente, mientras que el 30% de sus metas solo se cumplieron parcialmente. El PNE completa cuatro años de su vigencia y, según balance sobre el cumplimiento del Plan elaborado por la Campaña Nacional, su contenido, que establece metas para mejorar la educación desde la enseñanza infantil hasta el posgrado, así como la valoración docente y el aumento de la inversión pública en educación hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), no ha sido priorizado debidamente como documento orientador de las políticas de educación en el país.
“No se ha cumplido además la meta del plan que prevé el establecimiento de un sistema nacional de educación y un régimen de colaboración entre los entes federativos para garantizar recursos mínimos para la garantía de una educación de calidad en el país, en consonancia con la implementación del CAQi”, afirmó Pellanda.
Presentó, asimismo, la más reciente publicación de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, que da a conocer un registro de las decisiones políticas y técnicas que componen la memoria del cálculo del CAQi y expone una propuesta para el CAQ construida desde un amplio debate con investigadoras/es y sujetos de la educación, donde se incluye la jornada escolar en tiempo integral y otras condiciones para avanzar en la garantía de la calidad en todos los centros educativos del país y para todas las etapas de enseñanza. “El CAQ es importante para que el financiamiento y el parámetro de calidad no se mantengan en lo mínimo deseado, sino que puedan avanzar. Según prevé el PNE, es necesario un esfuerzo progresivo para el financiamiento educativo que garantice la calidad educativa”, explicó Pellanda.
A lo largo de la historia del CAQi y a través de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional de la cual la Campaña Nacional es miembro, se ha hecho un esfuerzo de cooperación entre Brasil y otros países de América Latina y el Caribe para que otras organizaciones y coaliciones de la sociedad civil se apropien de este mecanismo de financiación y puedan profundizar sus estudios en el financiamiento educativo relacionado a la calidad. Esta cooperación regional es citada en la publicación que retoma el histórico del desarrollo del CAQi.
Finalmente, Pellanda subrayó que en posicionamiento reciente del Comité Directivo de la Campaña Nacional, se demanda retomar el PNE como documento central para la agenda educativa y la implementación de políticas educativas a nivel nacional; la revocación de la Enmienda Constitucional (EC) 95, que congela el gasto público en salud, educación y asistencia social por 20 años, así como de otras reformas educativas contrarias al PNE que se vienen implementando desde el 2016; y la definición de un nuevo FUNDEB (Fondo Nacional de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de las y los Profesionales de Educación) fortalecido y con recursos adecuados y necesarios para todas la etapas y modalidades educativas, contando con el 50% de complementación de recursos por el gobierno federal.
En seguida, la Procuradora Élida Graziane Pinto, del Ministerio Público de Cuentas del Estado de São Paulo, afirmó que la baja implementación del PNE actualmente se debe a dos elementos principales: el no cumplimiento de la meta de establecer un Sistema Nacional de Educación y la no implementación del CAQi y del CAQ.
Señaló, asimismo, que los derechos fundamentales, como la educación, son acompañados de instrumentos de defensa y justiciabilidad que deben utilizarse para contrarrestar los actuales retrocesos en las políticas educativas en el país, y que la EC 95, más que una enmienda inconstitucional, es un acto nulo desde su origen. “Según la Constitución Federal, en su artículo 211, el Estado tiene el rol solidario, y no subsidiario, en la financiación de la educación pública, y tiene la función redistributiva de recursos para este campo. Por ello, los departamentos y municipios pueden y deben exigir de la instancia federal el derecho de regreso por los recursos que no se están repasando a las localidades. El corte de financiamiento educativo desde el gobierno federal es una inconstitucionalidad por omisión”, afirma.
Criticó también las actuales políticas de austeridad económica y ajuste fiscal implementadas por el gobierno nacional y las consideró selectivas, pues establecen renuncias y exenciones fiscales a sectores empresariales y al sector educativo privado, mientras que por una alegada falta de presupuesto se recortan las inversiones en la realización de derechos humanos fundamentales, que deberían ser garantizados por los Estados.
A continuación, el profesor José Marcelino de Rezende Pinto, de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FFCLRP/USP), presentó como se calcula el CAQi y el CAQ, abordando además la propuesta de actualización del mecanismo. Señaló que el principal avance del CAQ está en, además de abordar la jornada escolar integral, incluir la carrera docente y exigencias mínimas de formación para esta profesión. “Entendemos que la calidad educativa no se mide por la nota del estudiante, la cual resulta mucho de las características y condiciones socioeconómicas de las familias. Defendemos la calidad como un conjunto de insumos que deben tener las escuelas y un gasto mínimo por estudiante para garantizar un proceso educativo adecuado a todas las personas”, afirmó.
A su vez, Gabriela Schneider, del Laboratorio de Datos Educativos de la Universidad Federal de Paraná (UFPR), abordó elementos fundamentales para la buena planificación y ejecución de las políticas públicas educativas, a partir de datos sobre la educación y el financiamiento educativo. “Es necesario preguntarnos hacia dónde queremos llegar con las políticas educativas y qué tipo de escuelas queremos ofrecer. Desde este punto de partida, se podrán establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, las cuales implican en disputas políticas que deben permearse por datos y evaluaciones de las políticas que se están implementando”, explicó.
Señaló además que es fundamental que los datos educativos analizados sean desagregados y presenten la desigualdad existente en la oferta educativa, y defendió la urgencia de primacía de mecanismos de control del Estado brasileño, exigiéndose que para cada política haya planificación, evaluación y financiamiento adecuados.
En seguida, el abogado y profesor de la Universidad Federal de ABC (UFABC), Salomão Ximenes, presentó los debates y disputas que están en juego respecto al proyecto de Enmienda Constitucional (EC) 15/2015, que establece un nuevo FUNDEB (Fondo Nacional de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de las y los Profesionales de Educación) que se tramita actualmente en el Congreso Nacional. Presentó como críticas al actual substitutivo de la EC 15/2015 que se discute en la Cámara de Diputados el hecho de que no incluye el CAQ y el CAQi, ni aclara que los montos del fondo deberán dedicarse a la educación pública y presencial, lo que abre camino para la privatización de la educación a partir de estos recursos. “Tampoco se establece un plazo para la implementación del fondo”, añadió.
Por fin, Paulo de Sena Martins, consultor legislativo de la Cámara de Diputados, dio a conocer otras informaciones sobre la tramitación de la EC 15/2015 en el parlamento. Abordó que algunas de las innovaciones que presenta el proyecto son la participación de la sociedad civil en la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas educativas; la prohibición de retrocesos; la equidad en el financiamiento educativo y formas de control del gasto de los recursos. Ponderó, sin embargo, que el trámite de la enmienda en el Congreso se ha obstaculizado debido a la reciente intervención militar en el estado brasileño de Rio de Janeiro, situación que según la Constitución Federal impide la votación de proyectos de ley en Plenario.
Participaron también en el encuentro una niña y un niño del Movimiento Sem Terrinha de São Paulo, hijas/os de trabajadoras/es del Movimiento sin Tierra (MST), de Brasil, quienes expresaron cuál es la escuela de calidad que desean. Señalaron especialmente que les gustaría tener como parte de la merienda escolar comidas saludables, como ensalada y frutas, y asimismo quisieran tener una escuela en el interior del asentamiento rural donde viven, pues hoy tienen que viajar kilómetros en bus hasta el centro educativo donde estudian en la ciudad, siendo que cuando llueve tienen que faltar a las clases porque el transporte público no logra llegar al asentamiento.