México: Incidencia Civil en la Educación y CLADE condenan la represión y el uso excesivo de fuerza del gobierno contra docentes
En el posicionamiento público abajo, ICE y CLADE exigen que el Estado mexicano detenga toda acción represiva en contra de las y los integrantes del magisterio y sus simpatizantes; y que respete en todo momento su derecho a manifestarse y expresar libremente sus opiniones
21 de junio de 2016
La Red Nacional Incidencia Civil en la Educación (ICE) en México y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresan su rotundo rechazo y condena a la represión y el uso excesivo de fuerza del gobierno mexicano contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ocurrida el domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. En los últimos años, el uso de la fuerza y la represión por parte de las autoridades federales, estatales y locales se ha incrementado en México, ello como respuesta a las expresiones de protesta ciudadana ante la actuación de los poderes públicos, contraria a las demandas e intereses colectivos.
El pasado 19 de junio, una vez más el Estado mexicano hizo uso de la fuerza extrema para reprimir a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a ciudadanos y ciudadanas de diversas zonas del estado de Oaxaca, que se manifestaban en contra de la implementación de la Reforma Educativa. En Nochixtlán, Oaxaca, 8 personas perdieron la vida y más de 100, entre ciudadanas/os y policías, resultaron heridas y otras tantas han sido detenidas.
La actual confrontación del gobierno con el movimiento magisterial obedece al complejo y cuestionable proceso de elaboración y aprobación de la Reforma Educativa, ocurrida sin debate público. Bajo la premisa de promover calidad educativa, esa Reforma plantea la evaluación obligatoria para que los y las docentes ingresen y se mantengan en el sistema educativo, y accedan a mejores sueldos y cargos. Está centrada en aspectos administrativos y laborales que legitiman mecanismos de evaluaciones estandarizadas desde una lógica individualizada, competitiva y punitiva y deja de lado un abordaje sistémico e integral de la educación en el país, favoreciendo con ello una lucha de poderes que afecta la calidad de la educación que queremos, desde una perspectiva holística y fundamentada en los derechos humanos.
La criminalización de la protesta magisterial en el estado de Oaxaca, no es reciente; hay antecedentes de la represión magisterial y violaciones a los derechos humanos, particularmente de las y los integrantes de la Sección 22 de la CNTE. En julio del 2015, el gobierno estatal con el apoyo del gobierno federal desmanteló el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) precedido por una serie de detenciones de las y los principales líderes magisteriales, buscando con ello la desarticulación del movimiento magisterial y por consiguiente del movimiento social oaxaqueño e incluso nacional.
Hoy es Oaxaca, pero desafortunadamente situación similar enfrenta el movimiento magisterial en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, entre otros, donde los cuerpos policíacos cada día actúan con mayor represión; represión que va desde descuentos económicos, la suspensión de pagos, la cárcel a maestras/os y la detención de líderes y exlíderes de la CNTE.
Es clara la intransigencia del gobierno federal y la actitud impositiva y provocadora del actual Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer, al negarse a establecer un espacio de diálogo con integrantes de la CNTE y buscar soluciones viables y expeditas al actual conflicto magisterial.
Es imperativo que como ciudadanos y ciudadanas expresemos nuestro total rechazo ante cualquier tipo de autoritarismo y violencia de estado, y reconozcamos la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en nuestro país, ya que sólo así se podrá avanzar en la solución pacífica de éste y los otros tantos conflictos que aquejan a México.
Expresamos nuestra solidaridad con el movimiento magisterial y con las/os familiares de las personas que desafortunadamente perdieron la vida y de las/os heridas/os y detenidas/os.
Exigimos al Estado mexicano:
• Que detenga toda acción represiva en contra de las y los integrantes del magisterio y sus simpatizantes; que respete en todo momento su derecho a manifestarse y expresar libremente sus opiniones.
• Que instale a la brevedad un espacio de diálogo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales e integrantes de la CNTE para identificar e impulsar soluciones viables al conflicto. Se debe terminar con la confrontación e ir configurando la educación que necesitamos para vivir en democracia y convivencia en todos los rincones del país.
• Que se investigue, de acuerdo a Derecho y al debido proceso, los acontecimientos y se castigue a las/os responsables de las muertes, detenciones arbitrarias, tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas contra las/os integrantes del magisterio oaxaqueño.
• La liberación de las personas que fueron detenidas injusta e ilegalmente por el sólo hecho de apoyar al movimiento magisterial.
• Detener la campaña mediática en contra del movimiento magisterial que influye de manera decisiva en la opinión de la mayoría de la sociedad mexicana.
Hacemos un exhorto a la sociedad civil para que se mantenga informada y dé seguimiento al desarrollo de los acontecimientos, y que de manera pacífica demande al gobierno federal y a los gobiernos estatales el urgente cese de hostilidades al movimiento magisterial y la instalación a la brevedad de un espacio de diálogo horizontal y constructivo con el magisterio.
Acciones de incidencia - La ICE y la CLADE enviaron este posicionamiento público y cartas a la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la Oficina para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al presidente mexicano Enrique Peña Nieto y al Secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.
Con estas comunicaciones, instan a las instituciones nacionales, regionales e internacionales correspondientes a reafirmar, en el ámbito de sus mandatos y competencias, el compromiso con la realización de los derechos humanos; y llaman a la opinión pública nacional, regional e internacional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como a los medios de comunicación a dar seguimiento al desarrollo de los acontecimientos en México, exigiendo para que se tomen las medidas necesarias para poner fin a la violencia del Estado contra la protesta social en el país.