“La sociedad civil debe apropiarse de las leyes que reafirman la educación como un derecho humano y exigir que el Estado actúe como garante de este derecho”
Para discutir los principales hallazgos del informe “Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político”, la CLADE conversó con Néstor López, sociólogo e investigador del IIPE-UNESCO que estuvo encargado de la investigación que resultó en el estudio
9 de diciembre de 2015
En el marco del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil, que tuvo lugar en São Paulo, Brasil, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO), Buenos Aires, lanzó el estudio “Las Leyes Generales de Educación en América Latina - El derecho como proyecto político”.
La investigación analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho. Para discutir los principales hallazgos de este informe, la CLADE conversó con Néstor López, sociólogo e investigador del IIPE-UNESCO que estuvo encargado de la investigación que resultó en el estudio. Según López, en este proceso de investigación se identificó que hay una fuerte tendencia en las leyes generales de educación de la región a fortalecer a los Estados en su condición de garantes de derechos. “Hoy la región expresa en sus leyes un debate sobre el marco normativo respecto a la educación como derecho humano que es sumamente rico”, afirma. Añade además que el tener consciencia de estos avances en los marcos normativos es fundamental para que la garantía del derecho humano a la educación sea un proyecto político en cada uno de los países, siempre con la participación de la sociedad civil, a partir de la exigibilidad de este derecho y del seguimiento al cumplimiento del papel del Estado como garante de los derechos humanos.
Lea a continuación la entrevista completa.
La CLADE y el IIPE UNESCO Buenos Aires han realizado una investigación con miras a mapear las Leyes Generales de Educación en países de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son los principales hallazgos del estudio?
Néstor López - La pregunta central del estudio era en qué medida las leyes de educación vigentes fortalecen a los Estados como garantes del derecho a la educación en la región, lo que es un panorama muy heterogéneo, pues estamos hablando de 20 países con leyes que van desde los fines de los 50, comienzo de los 60, hasta la actualidad. Las leyes son muy diferentes, y en este sentido el grado de garantía del derecho es distinto en cada caso. Sin embargo, nosotros no queríamos analizar caso por caso, sino que lo que queríamos era dar cuenta de las características del debate legislativo. En este sentido, el hallazgo fundamental es que el debate actual es sumamente rico respecto a cómo se van enriqueciendo las leyes a medida que pasa el tiempo. Si uno hace un análisis cronológico, lo que ve es que las últimas leyes, sobre todo la última, que es la ley de Ecuador, condensan todo lo que han ido aportando las leyes anteriores.
La conclusión básica entonces es esta: las leyes aprenden unas de otras, hay un efecto de contagio en la medida que una ley incorpora efectos novedosos que tienen que ver con fortalecer los Estados en condición de garantes de derechos. Las demás leyes lo van incorporando, por lo cual cada ley en última instancia está reflejando un debate regional, está reflejando lo que pasa en América Latina y el Caribe.
¿Cuál es la importancia de una Ley General de Educación para la realización del derecho humano a la educación en los contextos nacionales?
López - Esta pregunta es re-corriente. ¿Para qué sirve una ley? En principio, tiene un efecto operativo muy importante, pues una ley instala un debate dentro del propio Estado, una ley es transformadora del Estado en el sentido de que genera nuevas instituciones y nuevas reglas del juego, redefine el modo con que el Estado se relaciona con la ciudadanía y el conjunto de los actores de la comunidad educativa, cuando una ley se consolida en una ley que es promotora del derecho a la educación. En este sentido implica una transformación de las prácticas que hacen al mundo de la educación. Entonces, en el principio, tiene un poder transformador muy fuerte del Estado en el sentido de promover reglas del juego totalmente distintas. Pero, por sobre todo, la ley expresa un debate de la sociedad, la ley nace en el ámbito legislativo, que es un ámbito de debate en que la sociedad está representada. Así, la ley expresa un proyecto de educación que la sociedad propia genera, y de que la sociedad tiene que apropiarse. La sociedad civil, las y los estudiantes, docentes, distintos actores, y la ciudadanía en su conjunto tiene que apropiarse de este proyecto y aportar desde su lugar a que este proyecto se consolide, aportar a la transformación del Estado, y al mismo tiempo exigirle al Estado que inicie este proceso de consolidarse como garante del derecho a la educación.
En 2007, la CLADE impulsó un primer estudio sobre las Leyes Generales de Educación en AL&C en alianza con el IIPE. ¿Qué cambios en materia de esas leyes se pueden observar desde entonces?
López - El estudio anterior ponía énfasis en analizar las leyes de educación que se habían creado del año 2000 hasta el momento del estudio, que fue el año 2007. Fueron pocas las leyes que analizamos en aquél momento, y lo que podíamos mostrar era cómo estaban estas leyes expresando un cambio en el debate en la región. Estábamos pasando de la década de 90, donde la educación era pensada como un espacio en el cual se fortalecían las personas en tanto a recursos humanos para la producción, a las nuevas leyes, que empiezan a aparecer a partir del año 2000 y empiezan a dar cuenta de un nuevo debate que se instala en la región, sobre la educación como un derecho humano fundamental. Este trabajo mostraba el cambio que se estaba dando, y podemos decir que el estudio que se presenta ahora, ocho años después, ratifica fuertemente esa tendencia, por la cual las últimas leyes realmente son textos que expresan en su totalidad todas las dimensiones que tienen que ver con pensar la educación como un derecho humano fundamental. Pero hay otra diferencia entre estos estudios: el actual analiza la totalidad de las leyes, por lo cual analizamos una historia mucho más larga, que se inicia en la década de 60. Eso nos permite ver cómo se va dando la transformación discursiva respecto a cuál es el rol del Estado, cómo es concebida la educación y cuál es el rol de los distintos actores. Todos estos elementos ahora quedan mucho más visibles, y es mucho más posible apreciar el sentido que tienen hoy, cuando miramos en el largo plazo las distintas transformaciones que se han dado en los distintos textos.
¿De qué manera este estudio puede apoyar a la ciudadanía en la búsqueda de informaciones sobre su derecho a la educación y formas de exigibilidad?
López - El trabajo parte de la pregunta de en qué medida las leyes de educación vigentes actualmente en América Latina y el Caribe consolidan a los Estados como garantes del derecho a la educación. Para poder hacer esta pregunta, era necesario especificar de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la educación, por lo cual la primera parte del texto analiza en detalle el texto de todas las convenciones y acuerdos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta la Conferencia Mundial sobre la Educación realizada en Incheón, República de Corea, en mayo de este año. Analiza todos los textos que de alguna manera fueran aportando elementos que definen concretamente de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la educación. En este punto el texto se convierte en un espacio de consulta que sistematiza todos estos elementos en pocas páginas. Por otro lado, el estudio propone también el debate sobre la exigibilidad de los derechos y del sentido del derecho a la educación en particular, al decir que la normativa cada vez más habilita los espacios en que la ciudadanía puede exigirle al Estado que cumpla con este rol de garante del derecho humano a la educación.
¿Cuáles son las principales brechas entre el texto de las Leyes Generales de Educación de la región y la consolidación efectiva de los Estados como garantes de derechos?
López - Las brechas son muchas. Si uno analiza cada una de las dimensiones que hacen a la educación como un derecho humano, va a encontrar que prácticamente no hay país en la región que la garantice plenamente. Si pensamos en términos de acceso universal hasta el nivel secundario, este es un escenario difícil de encontrar en la región. Si pensamos en los mecanismos contra la discriminación, estos prácticamente no existen. Todos los sistemas, fundamentalmente los sistemas de educación secundaria, están fuertemente marcados por prácticas discriminatorias que vienen desde sus orígenes y todavía no han sido erradicadas. Si pensamos en el esquema curricular, en qué medida estamos teniendo una educación para la paz, la convivencia y orientada a fortalecer los derechos humanos y la ciudadanía, se avanzó mucho, pero tampoco es un panorama resuelto. Si pensamos la escuela como un espacio que garantiza plenamente el ejercicio de los derechos humanos, también allí hay tremendos déficits. La distancia que hay entre el panorama actual y el que propone el sistema normativo, el debate normativo vigente sobre el derecho a la educación, es una brecha importante, pero hay que avanzar. Eso no tiene que desalentar, por lo contrario.
El debate vigente y el hecho de que las nuevas leyes están reafirmando lo que significa la educación como un derecho humano tienen que ser un proyecto político, un proyecto de transformación. Las sociedades tienen que apropiarse de lo que dicen esas leyes, de lo que dice realmente la perspectiva de derechos cuando se habla de educación, entendiendo la educación como un derecho humano. Tiene, asimismo, que apropiarse de las implicancias que tiene esta perspectiva, y acompañar un proceso de transformación de la sociedad en términos de representación, de expectativas y de lo que deben exigir como educación. Esto tiene que ver también con el seguimiento a la transformación del Estado, un Estado que en sus prácticas se convierta realmente en garante de derechos. Me parece que esta es la manera efectiva de avanzar en transformar los sistemas educativos que tenemos en aquellos que queremos, en aquellos que expresan esa normativa y que entienden la consolidación de los Estados como garantes de derechos como un proyecto político en el cual tiene que participar toda la sociedad.
Mira a continuación el video de la entrevista.
