Colombia: Frente Amplio realiza actividades para exigir presupuesto para una educación pública, gratuita, inclusiva y de excelencia
Durante el mes de septiembre, se realizaron una audiencia pública en el Congreso Nacional, para discutir el financiamiento educativo, la recolecta de firmas en favor de la inversión del 7% del PIB para la educación pública y un triatlón que movilizó la sociedad civil en torno a la demanda de más recursos para la educación pública
8 de octubre de 2015
Fuente: CCDE
Foto: Frente Amplio por la Educación
El movimiento Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz, del que forma parte la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), convocó la sociedad civil colombiana a una Audiencia Pública en el Congreso Nacional intitulada “Presupuesto para la educación en Colombia: La educación no se compra, mi derecho no se vende”.
El evento tuvo lugar el 10 de septiembre de 2015, en el marco de la discusión en el Congreso de la República del Presupuesto General de la Nación para el año 2016, y contó con la participación y el apoyo de las y los senadoras/es Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Senén Niño, Víctor Correa, Alberto Castilla y Antonio Navarro.
Esta acción estuvo acompañada de otras iniciativas de movilización social: el firmatón “Persiguiendo el presupuesto para la educación, porque la educación no se compra, mi derecho no se vende - Vamos por el 7% del PIB para la educación pública”, a través de la cual se recogieron firmas en defensa de estos mensajes para ser entregadas al Congreso de la República durante las sesiones de discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2016; una gran movilización activa y diversa el 17 de Septiembre de 2015, llamada “Triatlón: Persiguiendo el Presupuesto”, que de una forma creativa y deportiva movilizó a estudiantes secundaristas, de universidades públicas y privadas y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), docentes y organizaciones sociales y los distintos sectores educativos de tres formas: marchando o caminando, montando en bicicleta y corriendo.
Según la representante de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación e integrante del Frente Amplio, Blanca Cecilia Gómez, el movimiento organizó dichas actividades por considerar que el Estado Colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas participen de una educación pública de excelencia, brindando atención y desarrollo desde la primera infancia y en la educación preescolar, para que luego puedan acceder a una educación pública primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa, con aprendizaje pertinentes y efectivos. Se defiende que de esta forma, con urgencia, a tiempo, y con el presupuesto que se requiere, las escuelas, pueden orientar sus recursos y sus posibilidades en combatir las desigualdades, incorporándose a la lucha por la paz, la dignidad y la justicia social de cada pueblo, cultura y grupo social en el que están inmersas.
“El Estado colombiano se ha encargado de hacer privado lo que es público y utilizarlo para fines particulares o de pequeños grupos que se lucran de lo que es de todos reforzando así la estructura social de castas, elites y grupos económicos exclusivos y excluyentes, incrementando la pobreza y la exclusión social”, afirma Gómez, destacando que esta política neoliberal ha afectado gravemente la educación.
Contrarrestando esa política, el Frente Amplio defiende que, como garante del derecho, el Estado Colombiano tiene una responsabilidad ineludible de la construcción, fortalecimiento y universalización de los sistemas públicos de educación.
Frente Amplio por la Educación, los Derechos y la Paz - Este es un proceso de construcción conjunta, de articulación, dialogo, organización, incidencia y movilización por la educación en Colombia, una iniciativa que quiere hacer una contribución significativa para hacer realidad un movimiento educativo y pedagógico nacional y para el posicionamiento de un debate público, al alcance de todas y todos, sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea concebida como un derecho y un bien común en nuestro país.
Forman parte la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación; organizaciones de jóvenes estudiantes de secundaria, de universidades y del SENA; docentes de colegios, institutos y universidades públicas y privadas; procesos organizativos y educativos de comunidades ancestrales indígenas, afrocolombianas, campesinas; colectivos de LGTBI, de madres y padres de familia, de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá; organizaciones no gubernamentales y otras redes y plataformas que se han dedicado al pensamiento crítico en Colombia.
Conozca a continuación las denuncias y exigencias del movimiento Frente Amplio que han justificado e impulsado la realización de dichas actividades.
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Denuncias
• La creciente influencia de redes de empresarios en la determinación de la política pública educativa, que muchas veces, buscan incorporar valores y prácticas que proceden del mundo privado, así como orientaciones que buscan reformar la política pública educativa para favorecer intereses ligados a sus estrategias de negocio y crecimiento.
• La atención a más de la mitad de los estudiantes que realizan estudios de nivel superior, en universidades privadas, en muchos casos de bajísima calidad.
• La reducción de las transferencias de recursos de la nación a las universidades públicas, por lo cual los recursos propios de cada Institución se convirtieron en su principal fuente de financiación.
• La decisión del Estado de transferir buena parte del presupuesto educativo al ICETEX, privilegiando los préstamos a las y los estudiantes, para que puedan acceder a la educación superior y acentuar así el modelo privatizador y excluyente.
• Programas como ‘Ser Pilo Paga’ y subsidios focalizados, así como la profundización del modelo de colegios en concesión: financiación a instituciones privadas con recursos públicos y un modelo de endeudamiento de las familias colombianas.
• El recorte sistemático de presupuesto y el déficit presupuestal actual del SENA.
• El recorte de un 20% de los recursos a la ciencia y la tecnología, quedando en tan solo 270 mil millones de pesos para el año 2016: la ciencia y la investigación necesitan inversión.
• La precarización laboral docente y administrativa, debida a la desfinanciación de la educación pública.
• La criminalización de la protesta social, que ha llevado a la cárcel a miles de jóvenes, de estudiantes, de docentes y de personas de las comunidades educativas
Exigencias
• Construir y adecuar las instalaciones educativas y universitarias públicas, que respondan a las necesidades de todas las personas con discapacidad, que tengan en cuenta las cuestiones de género, que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y de excelencia; aumentar sustancialmente la oferta de docentes, apoyando de manera significativa sus procesos de formación y mejorando sus condiciones económicas, posibilitando de esta manera una valoración social digna de la profesión docente.
• Garantizar el presupuesto que requiere la educación pública, para promover la formación integral de las y los estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel profesional, técnico o tecnológico, que tenga en cuenta el desarrollo sostenible del país, la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía, la valoración y respeto por diversidad cultural.
• Garantizar los recursos económicos para el acceso a la educación pública, en condiciones de igualdad a todas las personas, en todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y afros, y la población en situaciones de vulnerabilidad por causas del conflicto y de la pobreza.
• Garantizar y reconocer el derecho de la población colombiana a la organización, participación y movilización. Propugnar por el fortalecimiento de los sindicatos de docentes y de los movimientos sociales por el derecho a la educación. La movilización estudiantil y de la comunidad educativa, es fundamental en la promoción del debate público, la generación de conciencia colectiva y los avances en las políticas públicas. La vivencia de la gestión democrática es clave. Las leyes que impiden tal participación deben ser cambiadas por otras, que garanticen la participación intencionada, sea al interior de las escuelas o en el espacio público.
• La educación debe estar sujeta al control público, lo que significa que las políticas educativas deben desarrollarse de manera transparente y estar sujetas a un debate público. En este sentido, el Estado es responsable por el diseño e implementación de la educación pública, involucrando la participación ciudadana en la discusión, y la correspondiente rendición de cuentas.