“Tiene que haber un compromiso de los gobiernos para que los cambios no se den solo del lado de la sociedad civil"
Víctor Cristales, coordinador del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, señala la importancia de la Ley de Idiomas Nacionales para el derecho a la educación en su país y comenta las principales acciones de incidencia de la coalición
El coordinador del Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, Victor Cristales, concedió una entrevista a la CLADE, donde comenta las actuales acciones de incidencia política y movilización social de dicha coalición.
Entre ellas, destaca la participación del Colectivo en el debate sobre la construcción de un Plan Nacional de Educación para el país, que garantice presupuesto suficiente a ese campo y responda a la diversidad presente en las 24 comunidades lingüísticas existentes y reconocidas hasta el momento en Guatemala.
Guatemala es un país de desigualdades socioeconómicas extremas. El 46,3% de la población guatemalteca vive por debajo de la línea de pobreza, siendo que la mayoría de estas personas tiene origen indígena. Las y los descendientes de los mayas corresponden al 40,6% de la población y han sido sistemáticamente excluidas/os de participación política: en un país donde hay 24 idiomas nacionales diferentes, fue solamente en el 1996 que se estipuló, entre otras medidas, la traducción de algunos documentos oficiales y materiales electorales para diversas lenguas indígenas. Sin embargo, el derecho a la educación todavía no se cumple para las poblaciones amerindias -motivo por que el colectivo se ha dedicado al reconocimiento de su pertenencia cultural en la educación, entre otros temas.
Lea a continuación la charla completa.
¿Cuáles las acciones de incidencia política y de movilización social que el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala viene desarrollando actualmente?
Una de las incidencias políticas que estamos desarrollando está relacionada con el presupuesto a la educación, principalmente para que se lo aumente, dado a que ya está establecida la gratuidad de ese derecho, pero el gobierno ni siempre tiene los recursos necesarios. Comparativamente al presupuesto que se aprobó para 2012, están presupuestando ahora solo 10 mil millones de Quetzales (aproximadamente 1,2 mil millones de dólares) para la educación en 2013. En el presupuesto que se aprobó el año pasado y sigue vigente, se había planteado cerca de 12,56 mil millones de Quetzales (1,6 mil millones de dólares) para el Ministerio de Educación. O sea, serán 2,56 mil millones de quetzales menos (382,16 millones de dólares) para el 2013.
Según la Ley Nacional de Educación, el presupuesto para ese campo tiene que estar vinculado al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Y eso no se ha respectado totalmente por parte del gobierno, que invierte siempre menos que los obligatorios 7% del PIB (que representarían más o menos 18 mil millones de Quetzales, es decir, aproximadamente 2,2 mil millones de dólares). El gobierno argumenta que habrá menos presupuesto que lo exigido por ley para ese Ministerio en 2013 porque algunos de sus programas sociales fueron trasladados al Ministerio de Desarrollo Social. Eso implica una transferencia de parte del presupuesto que antes se reputaba a la Educación al Ministerio de Desarrollo Social. Consideramos fundamental que se mantenga la inversión presupuestaria en el Ministerio de la Educación porque se necesita más cobertura para los y las estudiantes de la educación básica. Hay un nivel de desatención que llega al 64% en esa franja del sistema educativo.
Otro punto importante es que se va a desarrollar ahora en el país el Plan Nacional de Educación. En Guatemala, no existe actualmente un plan como ese y cada gobierno ha segmentado planes que duraron solamente durante sus 4 años de mandato. Luego, la idea es que se haga un plan de educación que transcienda a los gobiernos. El Consejo Nacional de Educación empezó ahora a hacer una consulta, dónde estén representados todos los actores de la sociedad civil, para ubicar como debe ser ese plan nacional de educación, y garantizar que ese plan responda a una política de nación, no de gobiernos o partidos.
Otro aspecto novedoso son las comunidades lingüísticas. Guatemala tiene 24 comunidades lingüísticas reconocidas por la Ley de Idiomas Nacionales y su correspondiente reglamento, que dice respecto también a la educación. Por lo tanto, en ese plan nacional, consideramos que se va a recoger esa pertinencia cultural de cada pueblo.
¿Podría comentar un poco más sobre la idea de comunidades lingüísticas y las acciones del Colectivo respecto a la Ley de Idiomas Nacionales?
Para la aplicación de la Ley de Idiomas Nacionales y su reglamento, precisamente se necesita que existan ahora maestros y maestras en cada uno de los 24 diferentes idiomas nacionales. Se plantea una pertinencia cultural en la educación que garantice el aprendizaje de las distintas cosmovisiones, de las culturas de cada pueblo. Eso para nosotros es algo muy importante y en ese momento tiene una característica especial. Termina ahora [el 21 de diciembre de 2012] en Guatemala un ciclo de 5.200 años, que es lo que se conoce como el nuevo Baktun [el se refiere al término de un Gran Ciclo previsto en el calendario Maya, con el consecuente inicio de un nuevo ciclo de 5.200 años, llamado 13 Baktun. Esa transición, según la tradición Maya, se ve como un momento de oportunidad y compromiso para que la humanidad, en paralelo al ordenamiento natural que atraviesa la Madre Tierra, se ordene para vivir en armonía y equilibrio].
Esos cambios tienen que proyectarse por parte de las propias comunidades, los propios sectores culturales, pero también hay que haber un compromiso de los gobiernos para que los cambios no se den solo del lado de la sociedad civil. Hay que haber una corresponsabilidad. Es un desafío muy importante que se reconozcan ahora con más fortaleza los idiomas y eso implica construir una nueva visión de nación, con el reconocimiento de los pueblos originarios para que ellos se puedan desarrollar con su sabiduría y sus trabajos, desde el punto de vista de sus vivencias culturales, de su pensamiento cosmogónico. Eso es muy importante para la consolidación de cada cultura y de todas las culturas en nivel de cada país. Estamos en la fase de reivindicar la aplicación práctica de la Ley de Idiomas Nacionales para que se pueda reconocer las diversas culturas, observándolas, animándolas, desarrollándolas, además de garantirles que estén en el sitio al cual corresponden.
¿Cómo se da actualmente la articulación de esas comunidades lingüísticas en las acciones del Colectivo?
Estamos trabajando intensamente con todas las comunidades lingüísticas. Por supuesto hay algunas con las cuales se trabaja más intensamente que con otras. Por ejemplo hemos acompañado muy fuertemente las reivindicaciones del pueblo de la cultura y del idioma Xinka. Ese es un idioma que ha tenido ahora un estudio de cómo está actualmente su construcción, y cómo se lo podría desarrollar, extender y aplicar. Por supuesto, hemos tenido una anuencia del Ministerio de la Educación a que exista una escuela superior de educación y una escuela normal de idioma Xinka para las áreas geográficas donde ese idioma es prevaleciente, que son los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Hay un compromiso específico del gobierno de ahí crearse y animarse una escuela para formar maestros y maestras en ese idioma.
¿Destacaría algún otro hecho que merezca destaque respecto a la promoción y/o realización del Derecho Humano a la Educación en el país?
Hay actualmente una discusión que está en consulta con las escuelas normales, sobre la posibilidad de que se haga un cambio en la carrera magisterial. El gobierno había planteado reducir el tiempo de estudio para la formación de maestros y maestras, que representaría la reducción del bachillerato pedagógico de 3 para 2 años, promoviéndose, entre tanto, el estudio universitario para el profesorado en la educación, que exigiría de los/as maestros y maestras en formación otros 3 años de estudios en la universidad. Eso implica en la práctica dos años más de carrera magisterial, pero un tiempo dónde se estaría garantizando la formación de profesores y profesoras de segunda enseñanza para atender a los 64% de estudiantes de la enseñanza básica, que actualmente no tienen acceso a ese nivel de estudios. En la mayoría de los casos los y las maestros/as que terminan ahora sus 3 años de formación en escuelas normales solamente tienen la oportunidad de emplearse en el nivel de primaria, que tiene cobertura entre el 92% y el 98% en Guatemala, según datos del gobierno pasado. Por otro lado, hay una desatención al 64% de los y las estudiantes en la educación secundaria.
Los y las jóvenes normalistas han manifestado que quieren seguir estudiando 3 años en la formación magisterial porque el aumento de su tiempo de estudios implicaría mayores costos a su familia. Ellos entonces presentaron al gobierno una contrapropuesta que, en ese momento, está en manos del Ministerio de Educación. Ellos y ellas piden que, en primer lugar, la carrera magisterial sea por vocación. En segundo, que se mantengan los 3 años con el currículo que ya está definido, donde se prevén aspectos importantes, como la pertinencia cultural, la práctica humanística y la ética, además de que se pueda entrar automáticamente a la universidad, sin exámenes, después del término del bachillerato. Los y las estudiantes también quieren que se les permita trabajar en las escuelas primarias en cuanto estudian en la universidad.
El problema que vemos aquí es que ya hay cobertura del 98% a la educación primaria, así que habría menos posibilidades de contratación para esa franja actualmente. Tenemos, por lo tanto, una duda sobre cuál sería la mejor manera de que los maestros y maestras puedan continuar estudiando, pero tengan oferta de trabajo para que, luego graduados, no tengan que trabajar en otra cosa que no el magisterio. Otra variante dice respecto a una propuesta, hecha por los distintos grupos de las mesas de discusión, de que después del bachillerato pedagógico se anime a los maestros y maestras con becas por parte del gobierno. Ese punto, entre tanto, no está todavía consensado. Tenemos la expectativa de que el gobierno encontrará algún mecanismo de aceptación a esa propuesta.
Tuvimos informaciones recientes de que, respecto al proyecto de cambio en la carrera magisterial que mencionabas, hubo manifestaciones de estudiantes contra la propuesta, que fueron reprimidas con agresividad por la policía…
Si, es verdad. Hubo una acción muy poco dialogante del gobierno. Se esperaba precisamente el diálogo, pero hubo una acción contra los jóvenes y las jóvenes. Y finalmente se demostró que no se había hecho cualquier consulta sobre el proyecto a la población interesada. Y ahora está pendiente que el Ministerio de Educación conozca la propuesta que hicieron grupos de las escuelas normales, planteando la continuidad de 3 años de estudios. Otro punto sobre el cual se charla actualmente tiene que ver con el compromiso que tendrá el gobierno o el Estado para que los y las jóvenes puedan seguir estudiando. En ese contexto, se espera que se mantenga el diálogo y que no vuelva a darse esa represión ante muestras de inconformidad. Eso no solo porque pone en riesgo a los y las jóvenes, sino también porque no respeta a los acuerdos de paz que firmó el Estado hace 15 años. El gobierno debe fomentar la cultura de participación, la escucha y la propuesta para que las propuestas sean más consensuadas.
Como Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, creemos que lo que tiene que darse es un convencimiento de los y las jóvenes de que es importante que el gobierno mantenga un nivel de gratuidad en el bachillerato pedagógico, y que haya un compromiso de que los y las maestras en formación que terminen tal nivel puedan entrar a la universidad sin exámenes que les limiten la participación.