“Dar a conocer lo que implica ejercer plenamente el derecho humano a la educación es una tarea no solamente de la sociedad civil, sino del Estado en especial”
En entrevista a la CLADE, Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, comenta los desafíos del derecho a la educación en el Perú y destaca el rol de la sociedad civil en presionar por su realización
Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) concedió una entrevista a la CLADE, en la que apunta los principales desafíos a la realización del derecho humano a la educación en Perú. También presenta las principales actividades de incidencia política y movilización social que lleva a cabo actualmente la coalición y evalúa el contexto general de las políticas públicas en educación que se desarrollan actualmente en el país.
La agenda política de la CPDE destaca la atención integral a la primera infancia y bajo esta prioridad viene llevando a cabo una serie de estrategias de incidencia: diálogo con congresistas, visibilidad pública del tema y articulación con organizaciones que actúan en otros campos de los derechos de infancia, como salud, violencia, protección, entre otras. “La sociedad civil, especialmente por agruparse en colectivo, ha tenido bastante actividad de incidencia que, en algunos aspectos, ha resultado exitosa”, dice.
Por otra parte, alerta que todavía hay mucho que hacer con la cabal comprensión de todo lo que implica la realización de derechos, y en especial del derecho humano a la educación. “Dar a conocer el significado del ejercicio pleno del derecho humano a la educación es una tarea fundamental, no solamente de la sociedad civil, sino del Estado”.
Lea a continuación la entrevista completa.
¿Cuáles son los mayores desafíos a la realización del derecho humano a la educación en Perú actualmente?
La integralidad del ejercicio de la educación de calidad reclama una responsabilidad intersectorial, una responsabilidad no únicamente del sector de educación, sino de un conjunto de sectores públicos y también de la necesidad de una coordinación intergubernamental eficiente. Antes se culpaba de todo al gobierno central pero ahora en Perú, hace varios años, ya se está en un proceso de descentralización y existen los gobiernos regionales. A ellos se les ha transferido responsabilidades con respecto al derecho a la educación, al igual que a los gobiernos locales. Sin embargo, todavía no están muy claras cuáles son las responsabilidades de cada nivel gubernamental.
Por otra parte, todavía hay mucho que hacer con la actual comprensión de todo lo que implica una educación de calidad y no se puede abandonar al Ministerio de la Educación a que el solo se responsabilice por la educación como un derecho. Tiene que haber responsabilidades que deben también ser asumidas por otros sectores públicos. El de la salud, por ejemplo, respecto a la educación en la primera infancia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para atender a las poblaciones más marginadas o excluidas, como son las poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, pero también los bolsones de pobreza que existen en las ciudades.
Además, hay grandes desafíos con relación a la formación de la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos, y en especial del derecho humano a la educación. Lo que encontramos es que hay todavía personas que no tienen conocimiento de lo que implica gozar del derecho humano a la educación. Eso nos parece fundamental y es una tarea no solamente de la sociedad civil, sino del Estado en especial, dar a conocer lo que implica ejercer plenamente este derecho.
¿Existen canales de participación?
Sí, en el país tenemos canales de participación; hay diferentes espacios creados por el Estado donde los padres y madres de familia, y las organizaciones tienen posibilidad de expresar su opinión y sus demandas, con respecto al ejercicio de sus derechos. Sin embargo, esos espacios no son del todo utilizados por ese desconocimiento del cual estoy hablando. Por ley, en todas las escuelas, debe haber un consejo educativo, que debe estar formado por docentes, las y los propios estudiantes y las madres y padres de familia. También deben existir los consejos participativos de educación al nivel de gobierno local y al nivel regional o sub-nacional. Existen esos espacios, inclusive para la definición del presupuesto del gobierno local, que es participativo. En él, los niños, niñas y adolescentes tienen un espacio que no utilizan totalmente por falta de conocimiento de que hay ese espacio y de qué es lo pueden llevar a él. Ese es un desafío macro, pero fundamental para que el ejercicio del derecho a la educación sea una conquista, pero también para que sea visto como una posibilidad que reclama la concurrencia del Estado y de la sociedad en general.
La Campaña Peruana ha estado fuertemente involucrada en actividades de incidencia por los derechos de la niñez. ¿Qué vienen haciendo en ese campo?
Tenemos la suerte de formar parte de un colectivo que lucha por los derechos de la niñez en general. Ahí hay grupos que tratan específicamente salud, protección, lucha contra la violencia. Nosotros somos el foco de educación dentro de ese grupo. Todo ese colectivo está muy activo e incidiendo sobre la nueva revisión del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese es un documento legal que va a ser discutido en el Congreso, y en él hay un dictamen, una especie de propuesta que consideramos inadecuada, porque va en contra de algunos artículos de la Convención de los Derechos de los Niños. Estamos defendiendo especialmente el derecho a la participación, el rechazo total contra el castigo físico y humillante y el derecho a combatir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, especialmente la violencia sexual. Estamos luchando también por el uso de un lenguaje inclusivo en el código, y para que se visibilice a la población femenina. Además, el derecho a la libertad de opinión nos preocupa, tal como el derecho a la lucha frontal contra todo lo que es violencia sexual.
¿Y qué estrategias están llevando adelante con relación a esta lucha específica por el Código de Niños, Niñas y Adolescentes?
Estamos desarrollando una estrategia de difusión, y además buscando apoyo a través de lobbies, contacto directo con congresistas, que son los que tienen que votar sobre ese dictamen. Cuanto más demoren para hacerlo, más conviene, porque seguimos divulgando el tema y tratamos de conversar con los congresistas.
Además de este importante proceso de incidencia por el Código, ¿en qué otras acciones está involucrada la Campaña con relación a la lucha por la primera infancia?
Se ha formado en Perú una Red de Parlamentarios por la Primera Infancia y la Campaña forma parte del colectivo de organizaciones que apoyan esa red. Nuestro apoyo es fundamentalmente a través de la información que podemos darle a los parlamentarios sobre la situación de la primera infancia. Otra actividad es la relacionada con el colectivo que elabora un informe alternativo al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Cada 5 años, el gobierno debe enviar un informe sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y la sociedad civil puede enviar un informe sombra; este año hemos sido invitados a formar parte del colectivo que lo elabora.
Estamos preparando además una actividad muy importante para el 16 de noviembre, que es el Cabildeo Nacional, momento en que nuestros niños, niñas y adolescentes de diferentes regiones del país vienen a Lima, e irán al Congreso a presentar sus demandas. Este año, se concentrarán en el derecho al buen trato. Vamos a ligar ese tema a la nuestra demanda por un código que realmente se ajuste al articulado de la Convención de los Derechos del Niño.
La Campaña Peruana considera el derecho a la educación desde una perspectiva intersectorial e intergubernamental de políticas públicas. ¿Cómo ha desarrollado la coalición sus actividades de incidencia política bajo esa mirada?
Este año nos hemos acercado a autoridades del Ministerio de Educación, Salud, Inclusión, para invitarlos a venir exponer sus propuestas y tener un diálogo directo con las organizaciones de la sociedad civil que invitamos. Tenemos buena interlocución con el Ministerio de la Educación; acabamos de invitar a la Directora General de Desarrollo Docente, que es la instancia del Ministerio responsable de la elaboración de la actual propuesta de ley de reforma magisterial. Ella hizo una exposición a la campaña en formato conversatorio, que ha sido muy interesante. Ese fue el quinto conversatorio realizado por nosotros con éxito.
Además, tenemos especial interés en trabajar a nivel de gobierno local y estamos llegando al fin de un estudio sobre la inversión de los gobiernos locales en la primera infancia. Es un instrumento que va a dar a conocer a las autoridades y organizaciones locales y también a los padres y madres de familia en qué consiste el manejo de los gastos públicos, gastos sociales, gastos específicos en los programas sociales, para poder exigir una mayor inversión de los gobiernos locales en educación y en la primera infancia en particular. Estamos también en contacto con la Red de Municipalidades Rurales de Perú (REMURPE), y buscamos que sean los gobiernos locales que se interesen por estos temas y que busquemos para buscar juntos la mejor manera de lograr más inversión en primera infancia.
¿Cuáles han sido los principales logros de la sociedad civil organizada respecto a la realización del derecho humano a la educación en Perú?
Estamos en buen pie. La sociedad civil, especialmente por agruparse en colectivo, ha tenido bastante actividad de incidencia que, en algunos aspectos, ha resultado exitosa, desde las campañas electorales del 2010, 2011, en especial. Muchas de las políticas educativas del ese actual gobierno han sido propuestas por la sociedad civil. Por ejemplo, respecto a la cobertura de la educación inicial para niños y niñas de 3 a 5 años. Es una demanda que tenía fuerza desde la sociedad civil y el gobierno decidió que daría cobertura de 100% a la educación de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Es verdad que eso difícilmente se podrá cumplir hasta el 2016, pero lo importante es que hay la meta y se está trabajando hacia ella.
Además, en Perú, se desarrolla ahora un Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que tiene políticas, medidas, estrategias y metas con respecto a todos los derechos de la niñez. En la formulación de ese plan ha habido una participación activa de la sociedad civil. Hemos estado también dentro de él y ahora nos toca hacer el seguimiento a ese plan. Lo bueno es que, a nivel regional ya se van formulando también de forma participativa los planes regionales de acción por la infancia y la adolescencia.
Entonces, Podemos decir realmente que en estos últimos años hemos tenido ya tres gobiernos consecutivos que han tenido comportamiento democrático. La posibilidad, incluso, de presentar ejemplos de una gestión intersectorial e intergubernamental es una muestra de los resultados que pueden tener las demandas que se hacen desde la sociedad civil y la acogida que tienen por parte de ese gobierno. Siempre vamos a tener un obstáculo. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas es el más duro para comprender lo que significa un Estado que declara que va a tener como principio de su gestión el derecho a la educación, porque eso es algo declarado en las políticas actuales del gobierno. Eso conlleva decisivamente a algunos cambios en la política económica del país y eso es siempre lo más difícil de lograr, pero ahí estamos.
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