Especial: Argentina experimenta desafíos y logros respecto al derecho a la educación en contextos de encierro
En La Plata, CLADE participó en actividades y debates respecto al derecho a la educación en las cárceles, presentó el proyecto Ampliando Voces y entrevistó a sujetos de la comunidad educativa
Pablo Ruiz Franco tiene 21 años y actualmente cursa la secundaria. Se siente realizado por estar en el colegio y hace planes para el futuro: “Ahora voy a seguir todo el año hasta terminar el colegio y salir, tener un buen trabajo y también hacer la facultad de Periodismo. Después no sé si me quedo en Argentina o me cambio para otro lugar, como Brasil que me gustó cuando estuve allá”. El joven viajó a Brasil para ver una partida de fútbol, cuándo conoció el gimnasio del equipo São Paulo. Él piensa en trabajar como periodista deportivo.
A diferencia de gran parte de los jóvenes de su edad, Pablo estudia en la Unidad 9, centro penitenciario ubicado en la ciudad de la Plata, Argentina. De la misma manera que Pablo, hay muchas personas que viven en contextos de encierro, y frecuentan la escuela en su país. Son personas adultas de todas las edades, hombres, mujeres y jóvenes entre 16 y 18 años que se encuentran en institutos juveniles.
Pablo habló con la CLADE en el marco del proyecto Ampliando Voces y de su estrategia especial para contextos de encierro. Un equipo de la Campaña estuvo en ese país entre los días 3 y 6 de octubre, en una visita especial que incluyó el conocer a estudiantes que viven en cárceles y unidades de jóvenes, maestras y maestros que dan clases en dichos contextos, directoras/es, investigadoras/es sobre el tema y representantes del Ministerio de la Educación, así como aprender sobre la experiencia de este país que incorporó el concepto de derecho humano a la educación en la legislación y en las políticas educativas. En La Plata, la CLADE también participó en el IV Encuentro Latinoamericano de Educadores/as y Tesistas en Educación en Cárceles, organizado por GESEC [sepa más aquí].
Ampliando Voces es una iniciativa de la CLADE, que empezó en 2011, con el propósito de hacer escuchar lo que tienen que decir respecto a la educación personas que participan en programas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) – ya sean estudiantes o educadores/as. La iniciativa parte de la constatación de que frecuentemente esos sujetos no se les llaman a participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas educativas, ni siquiera cuando las decisiones los impactan más directamente. La CLADE considera fundamental hacer manifiestas sus demandas y propuestas, construyendo canales de acceso para hacerlas llegar a espacios de implementación de la política pública [conozca el proyecto aquí].
Derecho reconocido por ley. De acuerdo con la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de Argentina, “la Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución”. Esto también lo afirma la Ley de Educación Nacional Nº 20.206 del año 2006, y significa que en Argentina, la educación en contextos de encierro está completamente integrada al sistema educativo nacional, reconocida como derecho y que todas las personas que viven en las cárceles deben recibir educación primaria, secundaria, terciaria y superior.
De acuerdo con Alberto Florio, al reconocerse la modalidad obligatoria, “se tiene que garantizar a todos los privados de libertad la educación primaria y secundaria obligatoria, más todo lo que pueda posterior a la educación obligatoria y tanto el Ministerio de Justicia, del cual depende el servicio penitenciario, como la Secretaría de Derechos del Niño, de la cual dependen los institutos de jóvenes en conflicto con la ley tienen la obligación de favorecer la educación de estos niveles obligatorios, garantizar los espacios como para que se pueda trabajar en la educación obligatoria”. En el caso específico de las mujeres, la ley establece el derecho a cumplir pena en prisión domiciliaria hasta que sus niñas y niños cumplan los 5 años, para que no vivan en el encierro con sus madres – respetándose por lo tanto, el principio de “interés superior del niño” de la Convención de los Derechos del Niño.
Enfrentar desafíos. Al reconocer el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, esta política es una de las más avanzadas de América Latina en lo que se refiere al reconocimiento del derecho a la educación. Sin embargo, el país todavía enfrenta el desafío de garantizar ese derecho a todas las personas. En septiembre de 2010, 25.762 personas estaban privadas de libertad en Argentina: de éstas, 9.764 realizaban actividades educativas (alfabetización, primaria, formación profesional, secundaria y universitaria) en las distintas unidades, de las cuáles un 36,35% cursaba el nivel secundario, y un 5% estaban en la universidad.
Las entrevistas realizadas por la CLADE también revelan que todavía tienen que superarse algunos desafíos. En el caso de Pablo, por ejemplo, por un lado elogia el esfuerzo de las maestras y maestros, por otro critica la dificultad que impone el propio funcionamiento del sistema penitenciario para acceder a la escuela. Asimismo, él evalúa:
“En la calle, la enseñanza era sólo responder a evaluaciones, los maestros no se preocupaban, estaban ahí para recibir el sueldo y no más. Allá, en la escuela fuera de la cárcel, se te pasaba y no aprendías. Acá, los profesores les dan importancia a los alumnos, son buenas personas y nos enseñan. Nunca pensé que hubiera un colegio en que las personas te tratan de esa manera. Por otro lado, por estar privado de libertad se pone difícil, la policía no nos deja venir, hay mucho control, en especial cuándo hay quilombo. Pero la vida es así, afuera yo casi no valoraba, aquí adentro, hay las limitaciones de estar en una cárcel”.
Así como Pablo, Alejandro Giancarelli, 46 años, que terminará la secundaria a fines de 2012, comenta: “Acá hay dificultades para llegar al colegio. Puedo hablar sobre mí mismo, que logré llegar acá adentro porque trabajo en la limpieza. Para otros chicos es difícil llegar acá, por los horarios, por el sistema, hay que esperar atrás de una reja 1 hora para llegar al colegio”.
Alejandro completa: “Me gustan los maestros, son muy buena gente, muy esforzados. ¿Lo que yo cambiaría en la educación? Que fueran un poquito más exigentes con los horarios, con los servicios. Es necesario que exijan que bajen los alumnos”.
De parte de las educadoras y educadores entrevistadas/os, que trabajan en contextos de encierro, ponen en relieve una demanda fundamental: que el Ministerio se responsabilice por la provisión de materiales para usar en las clases. Patricia del Valle González, Secretaria, Escuela de Educación Media nº 40, de La Plata, y profesora de matemática, comenta que en la escuela:
“Se necesita todo tipo de apoyo, porque nosotros compramos todo desde nuestras entradas: los materiales, las salidas para eventos socioeducativos, las visitas, las atracciones, los cubrimos. Además, se necesita una escuela en el predio, porque esto no es una escuela, se necesita tener a los chicos todos juntos, porque la escuela es un ideal de integración”.
Ella subraya además las siguientes recomendaciones: “Diseños curriculares consultados con profesores probos en cada área; diseños homologados a nivel nacional en Argentina; que el Ministerio sea magistrado por un docente que ha estado frente al aula; que la educación sea considerada una inversión, no un gasto”.
Esta no es una voz aislada. Durante las entrevistas con educadoras/es que trabajan en contextos de encierro, el tema de la disponibilidad de los materiales educativos es citado con frecuencia, como también otras de estas recomendaciones. De la misma manera, los testimonios de los estudiantes son aportes que indican que el tipo de desafío que se plantea dice respecto a la implantación práctica de este sistema de reconocimiento del derecho a la educación, y lanza nuevas indagaciones sobre qué hacer para garantizar que el derecho reconocido por ley sea de hecho efectivo.
La CLADE y el derecho a la educación en contextos de encierro. La visita a Argentina ha sido el primer paso de una iniciativa que procura articular las recomendaciones y demandas respecto a la educación de las personas que estudian en contextos de encierro, y de sus maestras y maestros, en distintos países de América Latina y el Caribe. En los próximos meses, la CLADE le dará seguimiento a ese trabajo de escucha, recopilando testimonios, que serán publicados en la página del proyecto Ampliando Voces, en el siguiente enlace: http://www.campanaderechoeducacion.org/vocesepja/category/contextos-de-encierro/.
Además, la Campaña está haciendo una investigación sobre el escenario actual del derecho a la educación de las personas privadas de libertad en la región, observando las legislaciones nacionales y políticas adoptadas por los Estados. Finalmente, se pretende realizar tres estudios de caso.
¡Acompáñenos en esta iniciativa y participe!