Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

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Apoyo a Foros Nacionales

Proyecto de Incidencia Política promueve fortalecimiento nacional y regional

Descargue aquí el informe de evaluación del PIP

Muchos logros se conmemoraron en Latinoamérica y el Caribe al final de los tres años de implantación del PIP – Proyecto de Incidencia Política (conocido como Real World Strategy, en inglés). Fue lo que compartieron Giovanna Modé, coordinadora de comunicación y movilización de la CLADE, Esperanza Cerón Villaquirán, coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, y Maitê Gauto, asistente técnica de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación en la mesa dedicada a presentar los resultados mundiales de este proyecto que también tuvo impactos importantes en la incidencia por la educación en África y Asia (al final de este texto, conozca estas experiencias).

Luego de cinco años en marcha apoyando directamente a 51 países además de acciones regionales en África, Asia y Latinoamérica, el proyecto, financiado por el gobierno holandés, fue objeto de un proceso de sistematización y evaluación externa a lo largo de 2010, que resultó en el informe ‘Proyecto de Incidencia Política – Hacia una Educación Para Todos y Todas en el 2015’. Se hizo un panorama de los logros y desafíos internacionales, regionales y nacionales, bien como 12 estudios de caso en profundidad, tres de cada región que participante. Se destacaron algunas de las lecciones compartidas y se brindaron recomendaciones sobre el futuro trabajo de incidencia en torno a la EPT. Los informes están disponibles en inglés, castellano, francés y portugués y se puede descargarlos en la página http://www.campaignforeducation.org/rws.

América Latina y el Caribe

El proyecto llegó a América Latina y el Caribe en el 2007, apoyando directamente a 10 países en acciones de incidencia política. Además, como quedó claro a partir de los 3 estudios de caso nacionales y por el caso regional de incidencia por la no discriminación en la educación que entraron para el informe regional del PIP, el proyecto posibilitó la difusión del aprendizaje colectivo y la consolidación de actores movilizados en la lucha por el derecho a la educación.

El PIP Latinoamérica y Caribe reveló obstáculos estructurales que se enfrentan en toda la región: la criminalización de los movimientos sociales y de los/las activistas, el riesgo de cooptación por el Estado, la censura a los medios de comunicación por un lado, y por otro lado, la fuerte resistencia de los medios masivos a los movimientos sociales, la negación por parte del Estado en reconocer a la sociedad como interlocutora legítima y el disenso como una calidad fundamental en la práctica política, la dificultad de lograr movilizar a las bases y la vulnerabilidad de los movimientos y organizaciones sociales en lo tocante a su financiamiento y sostenibilidad.

Frente a este contexto, en el ámbito regional el PIP posibilitó el desarrollo de toda una estrategia de justiciabilidad por el derecho a la educación; de la Campaña por la no Discriminación en la Educación; la formación de subgrupos temáticos en el interior de la red, como por ejemplo el de gratuidad de la educación; y contribuyó para los esfuerzo por una ampliación de la participación de la sociedad civil en conferencias internacionales y regionales, como en el caso de la VI Conferencia de Educación de Adultos de la UNESCO (2009) y del proceso Metas 2021 (2010).

“De manera general hay un sentimiento muy positivo de fortalecimiento del movimiento por el derecho a la educación en Latinoamérica y el Caribe en el marco del PIP, el proyecto aportó a la consolidación de la CLADE como actor político regional e internacional, fortaleciendo así el llamado a la implementación de la agenda por el derecho a la educación, tomando en cuenta los niveles nacionales, regionales e internacionales, bien como la relación entre ellos. Y por ende entendemos como un fortalecimiento de todo el movimiento que actúa por el derecho humano a la educación en la región”, comentó Giovanna.

Brasil – según presentó Maitê Gauto, la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación utilizó recursos puestos a disposición a través del PIP para ejercer presión para que la Conferencia Nacional de Educación (Conae) adoptase su Custo-Aluno Qualidade Inicial (Costo Inicial de la Educación de Calidad por Estudiante – CAQi, por su acrónimo en portugués), entre otras reivindicaciones; gracias al trabajo de incidencia desarrollado por esta coalición nacional en la Conae y junto al Consejo Nacional de Educación de Brasil, el CAQi se transformó en un referente para la financiación pública de la educación. La Campaña Brasileña apuesta, en sus actividades, en su inmenso potencial de articulación dentro de la sociedad civil -al agregar más de 200 organizaciones-, su vocación de construir desde la base liderazgos válidos y capacidades de cambio real, aquello que justamente constituye el telón de fondo en que se ha querido desenvolver el Proyecto de Incidencia Política.

Colombia – Un largo trayecto de incidencia política de parte de la sociedad civil, en el cual la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación tuvo papel protagónico, logró que el Tribunal Constitucional del país determinara la gratuidad de la educación primaria en el país, con la aplicación del principio de progresividad para la enseñaza secundaria y la superior. Hasta la mitad de 2010, la Constitución de Colombia mantuvo la ambigüedad en relación al cobro de cuotas en las escuelas públicas – lo que en la práctica resultó en la no gratuidad de la enseñanza y en enormes desigualdades en el acceso a la educación en ese país. La experiencia de incidencia que comenzó en el 2008 con la Campaña por la por la Gratuidad de la Educación, iniciada por la Coalición con la CLADE, e involucró a abogados de la ONG DeJusticia y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Cornell fue relatada por Esperanza Cerón Villaquirán, la coordinadora de la Coalición Colombiana.

Guatemala – Además de estas dos experiencias, el informe internacional de evaluación abordó los esfuerzos del Colectivo Educación para Todos y Todas de Guatemala. En ese país, se condujo una campaña sobre la necesidad de universalizar la gratuidad de la educación y por esta vía realizar presión a favor de la abolición de las cuotas y aranceles escolares, que entonces eran legales debido a la existencia de un Acuerdo Gubernativo que los autorizaba. El Colectivo comprendió que era necesario contraponer la Gratuidad del derecho a la Educación frente al programa de Autogestión Educativa, liderado en ese entonces por el Ministerio, y que con un corte completamente neoliberal, descargaba parcialmente en las escuelas y en las comunidades la responsabilidad de financiar el proceso educativo. Lo alcanzó.

Conozca, abajo, también los estudios de caso presentados por Asia y África:

África

Malawi – Influencia de la sociedad civil en los procesos electorales y  presupuestarios

La Coalición de la Sociedad Civil para la Educación Básica de Calidad ha utilizado su participación continua con varios grupos – desde partes interesadas de la comunidad, pasando por el Comité Educativo Especial del Parlamento, hasta los medios – para presionar en favor de los temas educativos y que se consideren altamente prioritarios en la política nacional.

• Tanzania – Participación eficaz de los CSOs (Centros de Organización Social) en las reformas políticas

El compromiso político con el Ministerio de Educación es una de las piezas clave de la Red Educativa de Tanzania/Mtandao wa Elimu. Tiene una trayectoria de éxito trabajando con el gobierno de Tanzania para desarrollar un documento político (el proyecto de Ley de Educación), que está a punto de ser promulgado en Ley.

• Kenia – Cuando la financiación de la educación es un tema importante

La Coalición Elimu Yetu ha utilizado una estrategia que tiene como premisa la capacidad de respuesta de los partidos políticos durante la prospección de votos en tiempo de elecciones. Entretejiendo los procesos de los ciclos electorales con las implicaciones presupuestarias, la EYC creó un espacio para los CSOs para abogar por un aumento de las asignaciones en recursos a la educación.

• Uganda – La búsqueda de la transparencia en la implementación de políticas

El Foro para la Educación de las ONGs en Uganda ha trabajado para posicionarse y afianzarse en los puestos donde se producen las políticas y las prácticas, para participar de manera constructiva e influir desde dentro, incluso durante el período que precedió a la entrada en vigor de la Ley Educativa de 2008.

Asia

India – Campaña para la Ley del Derecho a la Educación

En India, la Coalición Nacional para la Educación (NCE) hizo campaña en favor de una legislación que garantizara la educación obligatoria y gratuita de los niños de 0 a 18 años. Argumentaron que la educación obligatoria desterraría el trabajo infantil.

Sri Lanka – Campaña para la educación de las madres

En Sri Lanka, la Coalición para el Desarrollo Educativo (CED) hizo campaña en favor de la lectoescritura para adultos, en concreto para las mujeres que eran obligadas a abandonar la escuela a temprana edad – tanto para su toma de poder personal como para apoyar la educación de sus hijos.

Camboya -  Campaña contra las tarifas escolares informales

En Camboya, la ONG Sociedad Educativa (NEP) persuadió al gobierno para detener el cobro de tarifas escolares informales que restringían el acceso de los niños a la educación, y para aumentar los salarios de los docentes.

Filipinas – Movilización de jóvenes sin escolarizar para abogar por la  financiación educativa

En Filipinas, la Red de la Sociedad Civil para la Reforma Educativa (E-net Filipinas) hizo campaña en favor de un mayor presupuesto destinado a los Sistemas Alternativos de Formación, para proporcionar oportunidades educativas a los que abandonaban o no accedían a los centros escolares, y que el sistema escolar formal no cubría.